EL CASO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS TRABAJADORES ESTATALES

Autor: PLADES

Varios de los Decretos Legislativos recientemente emitidos abordan el tema del empleo público. Al menos son tres los aspectos que cobran especial notoriedad. En primer lugar, se anuncia el inicio de procesos de reorganización administrativa en los gobiernos regionales y locales que pueden dar lugar a nuevos ceses de trabajadores. Con esto, se desconoce el derecho constitucional a la carrera administrativa de los trabajadores públicos y se plantea el severo riesgo de reeditar una nueva versión de los ceses colectivos que durante los años noventa afectaron a los trabajadores estatales e, incluso, hoy son objeto de reparación por parte del propio Estado.

En segundo lugar, se establece un régimen de contratación denominado “contrato administrativo de servicios”, cuyo supuesto objetivo es regularizar la situación de los “contratos por servicios no personales”. Como sabemos, los contratos de servicios no personales son una forma precaria de contratación de trabajo subordinado que desconoce el otorgamiento de la protección laboral. Con esta nueva figura, lejos de regularizarse la situación de los trabajadores con contratos de servicios no personales y promover su inclusión en las planillas de las entidades públicas, se funda una segunda categoría de trabajadores estatales con vínculo temporal y un paquete extremadamente limitado de derechos. Además de ello, el carácter temporal del contrato administrativo de servicios atenta contra el principio de causalidad en la contratación temporal y la garantía de estabilidad, necesaria para garantizar la fuente de subsistencia de los trabajadores pero, además, imprescindible para asegurar la imparcialidad del empleado público y la ausencia de prácticas clientelares.

Por último, la expedición de estas normas desconoce los trabajos que sobre una reforma integral del empleo público se llevaban a cabo en el Congreso de la República, con participación de las organizaciones de trabajadores públicos. Esto nos lleva a preguntar si el paquete de reformas laborales promueve el dialogo social. La respuesta sería claramente negativa.