ADENDA DEL TLC AVANZA EN WASHINGTON Y EL TRABAJO DECENTE RETROCEDE EN EL PERU

El proceso de concreción del TLC entre Perú y EE.UU.  ha dado un paso más al haberse alcanzado, al parecer, un acuerdo sobre el contenido final y formal del “protocolo de enmienda” del TLC ya aprobado, denominación que ha sido subrayada por la Ministra de Comercio de Perú Mercedes Araoz en declaraciones a medios de prensa. Los representantes de Perú habrían firmado este acuerdo  y queda el procedimiento en el Congreso peruano que tendrá que votar sobre un texto que es y ha sido un misterio total hasta el momento.

Mientras eso pasaba en Washington, en el Perú la realidad laboral mostraba signos deterioro y conflicto. El caso de la minera Casapalca, donde la decisión de organizarse de los trabajadores desata una serie de acciones anti sindicales por parte de la empresa, a los que se suma su evidente resistencia a la actuación del Ministerio de Trabajo, culmina con un saldo trágico de represión  y muertes.

Existen 3 casos más que evidencia la paradoja de aceptar mayores compromisos en materia laboral en la famosa adenda del TLC, mientras el Estado no puede hacer cumplir siquiera las ya flexibles normas laborales peruanas actuales. Lo más notable de estos casos es que se trata de empresas que se benefician hoy del ATPDEA y que se beneficiarán del nuevo TLC con EE.UU. Nos referimos a los casos de las exportadoras Topy Top (prendas de algodón), Sociedad Agrícola Virú (espárragos) y de  Camposol S.A. .

Topy Top , segundo exportador de prendas de algodón, resiste la decisión de un grupo de trabajadores de organizarse y recurre a la hostilización y finalmente al despido de más de 70 trabajadores para evitar que exista un sindicato en su empresa.   Pese a que la empresa provee de prendas a una serie de marcas internacionales, muchas de ellas que  cuentan con códigos de conducta que obligan a todos sus proveedores en el mundo, persiste en una violación evidente de las normas nacionales e internacionales hasta el momento.

Sociedad Agrícola Virú (La Libertad) primer exportador de espárragos , enfrentó un a paralización (mas de 4,000 trabajadores) intempestiva el 7 de mayo que llevó a bloqueo de la empresa, enfrentamiento con la policía, trabajadores detenidos. Finalmente una intervención de la CGTP y el Ministerio de Trabajo (oficina regional) permite abrir un extra proceso donde la empresa y los trabajadores acuerdan un compromiso de 20 puntos con la empresa, lo que permite reanudar actividades. Pese a este compromiso la empresa ha desarrollado acciones para amenazar a los trabajadores y familiares, que son señalados como responsables de la paralización. Pese a esto, la CGTP La Libertad  ha promovido y logrado la constitución de un sindicato en dicha empresa, abriéndose una interrogante sobre el futuro en las relaciones entre empresa y sindicato.
 
La semana pasada, mientras los negociadores peruanos estaban en Washington, los trabajadores de la empresa Camposol S.A. realizaron una paralización (7,000 trabajadores) de actividades ante la decisión de la empresa de despedir a dos trabajadores que reivindicaban sus derechos y buscaban organizar a los demás trabajadores: Esta situación deviene en enfrentamientos con la policía que es enviada desde Trujillo. Los trabajadores denuncian la presencia, en la noche entre jueves y viernes, de matones contratados por la empresa que buscaban romper la huelga. Se produce una balacera donde son heridas 3 personas ( una de ella seguiría internada en el hospital de Essalud de Trujillo). A los trabajadores de cosecha se suman los trabajadores de Planta de procesamiento, afectando toda la empresa.  En un hecho de extrema gravedad, una nueva denuncia señala que personal policial secuestra de sus casas a 14 trabajadores para amedrentarlos, dos de ellos habrían sido duramente golpeados y dejados en las Comisarías de Virú y Chao. La población se moviliza a la comisaría de Chao para rescatarlos.

Pese a que desde el día sábado La CGTP La Libertad gestiona ante la Dirección Regional de Trabajo, un extra proceso para que trabajadores puedan conciliar posiciones que permitan reiniciar actividades (como fue le caso de Agrícola Virú), la empresa se resiste y no va a las dos citaciones de la autoridad de Trabajo extendiendo absurdamente el conflicto. La empresa aduce que no puede llegar a la ciudad de Trujillo por el bloqueo de carreteras, argumento débil en verdad.  Se cita para el día lunes 25 de junio una nueva reunión extraproceso. El día domingo llegan a la Plaza de Armas de Trujillo más de 100 trabajadores que realizan una vigilia apoyando a los trabajadores que participarán en la reunión.  El conflicto se traslada  a la ciudad y se rompe sorprendente el silencio periodístico en la región.

Hoy lunes, los trabajadores se encuentran reunidos con la empresa, sin que se haya permitido a la CGTP jugar su rol de asesor en la misma reunión.
   
Estos casos aluden a 3 de las empresas líderes en volúmenes de exportación, con fundamentos económicos sólidos, de las que se esperaría una respuesta distinta ante la iniciativa de cambiar el manejo unilateral de las condiciones de trabajo y avanzar a  un acuerdo colectivo y negociado.  El rechazo y la hostilidad contra trabajadores sólo abunda en el camino de la violencia con el costo que esto acarrea para todos. Porque las empresas toman esta actitud?  Quizás la primera respuesta que salta  a la mente es: porque existe un Estado y unas autoridades que permiten que esto ocurra y ante las cuales las empresas, sobre todo fuera de Lima, se sienten por encima de las leyes.   La impunidad es moneda corriente en el Perú, los asalariados y asalariadas rurales ligados a “milagro” exportador lo saben muy bien, en Ica, en Virú, en Chao, en Moche, en Casma  o en cualquier otra zona del país. Lo ocurrido en Virú, en San José y Chao, es una muestra que siempre la búsqueda del respeto a la dignidad se abre paso y que al final la indignación puede más que el miedo.  Se esperarán mas explosiones sociales?

Pese a estas noticias que nos recuerdan la dura realidad de desigualdad en el Perú, algunos visos de esperanza se observan en ICA, donde empresas como Agrokasa y Coexa S.A., aceptan la decisión de sus trabajadores de organizarse y se abren a un proceso donde conversarán y deberán pactar las condiciones de trabajos con las nuevas organizaciones formadas.  Pudieron haber actuado igual que Camposol o Agrícola Virú? Si, pero decidieron otro camino. Ese camino nos lleva hacia el diálogo social, pero sobre todo hacia el respeto por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras asalariados rurales, por el reconocimiento de su aporte a la generación de riqueza y a su derecho a una parte ella.

El TLC con todo y sus adendas, no reemplazara nunca la voluntad de las personas involucradas.  Si existiera el famoso TLC, estas tres empresa estarían en la lista de las que deberían recibir una sanción comercial ejemplar. Lo peor del caso es que esa factura siempre se le pasa  a los propios trabajadores como hemos visto en otras partes del mundo. Seguro serían acusados de “malos peruanos y anti patriotas”.

Si las misma energía y dinero que se ha invertido en pagar lobbies, viajes para buscar apoyo al TLC en EE.UU., y para mantener el acceso a los mercados de estas empresas, se invirtiera en incrementar el presupuesto del Ministerio de Trabajo y su dirección de inspecciones de trabajo, otra sería la realidad  para los miles de salariados rurales que trabajan en la agro exportación.

¿Frente a esta realidad, el Gobierno actual seguirá con su propuesta de rebajara derechos “para dar acceso  a más empleo a los desempleados”?.  ¿ Algún funcionario de gobierno podría mirar en verdad a la cara a estos trabajadores rurales y decirles que son unas privilegiados?

(1)Ver mayores detalles en artículo del Boletín de Trabajo Decente:

(2) Información tomada del Diario Gestión del día   mayo 2007. Ver artículo del Boletín Trabajo Decente: