Trabajo Decente, Pobreza y Conflictividad Social

Juan Carlos Vargas
PLADES

Luego de 10 meses de gobierno, el Presidente García enfrenta una verdadera ola de conflictos y movilizaciones sociales que comienzan a ensombrecer la estabilidad social en la que ha navegado el Gobierno hasta la fecha.  Al parecer los conflictos son el síntoma de un malestar creciente ligado a la persistencia de una pobreza agobiante y una riqueza que crece sin caminos para una redistribución equitativa.

Sólo en el mes de Mayo se han llevado a cabo un Paro Nacional Minero, cuatro Paros Regionales (Piura, Ancash, Loreto y Cusco), movilizaciones y acciones de bloqueo de carreteras de productores de coca.  Se suma a este panorama el paro nacional agrario convocado por la CNA, la CCP y la CONACAMI para el 10 y 11 de julio, en oposición al Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y su posible impacto sobre los pequeños productores agrarios.  La Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el comando sindical unitario, donde se encuentran las principales centrales sindícales peruanas han llamado para el 11 de Julio a una jornada Nacional de Lucha.

En un hecho no aislado a este contexto, trabajadores de una empresa  agro exportadora ( Agroindustria Viru ) en la zona norte  protagonizaron un paro y bloquearon el acceso a la empresa, en protesta por las condiciones de trabajo que enfrentan.  Esta acción espontánea se realizó pese a no existir organización sindical: la indignación pudo más que el temor al despido.

El propio presidente García ha mencionado que la velocidad para responder a las apremiantes demandas sociales es insuficiente(1).  El ejecutivo culpa a los tramites lentos de la burocracia para desembolsar el dinero de obras y programas sociales a favor de los más pobres.  Sin embargo, es la paradoja de un crecimiento de utilidades, de ganancias empresariales, de ingreso fiscales, a la par que las cifras de la pobreza y la desprotección social se mantienen inalterables, lo que genera estupor. Los datos macro económicos aparecen fríamente indiferentes a una masa de ciudadanos cada vez más cansados de esperar el bienestar que los periódicos y revistas especializadas pregonan que ya existe en el Perú.  El boom agro exportador ensalzado de manera tan insistente por el Estado, tiene detrás condiciones de trabajo aún lejos de ser dignas y condiciones de vida aún más duras.

En un hecho que pinta de cuerpo entero la situación, dos ministros de Estado hicieron declaraciones públicas(2) invocando a los empresarios a compartir sus crecientes ganancias a través de aumento de salarios a sus trabajadores. El Estado parece haber renunciado totalmente a intervenir en el mercado de trabajo, aunque  a la vez reconoce que el Mercado no resuelve el dilema, ni es un mecanismo para la redistribución de las crecientes utilidades empresariales.  ¿Los ruegos resolverán la situación?.

Un componente central del Trabajo Decente tiene que ver con el derecho a la libertad sindical y la libre asociación de los trabajadores.  La Ministra de trabajo ha indicado que se reciben 2,500 denuncias diarias por violación de derechos laborales, estos son ciudadanos que muchas veces no tienen una organización que los defienda de los excesos empresariales. Sin organización, no existe la posibilidad de la Negociación Colectiva y por tanto, de un mecanismo para negociar y conseguir aumentos de salarios. El momento de la Negociación Colectiva es también un momento de diálogo social  a nivel micro, que hoy día es resistido en las empresas, pese a que el Perú ha ratificado las principales convenciones internacionales de OIT.

Todo intento de equilibrar el tablero social y laboral es denunciado como populista, demagógico o atentatorio contra las posibilidades de empleo de los desempleados. El Gobierno actual tiene el fantasma de su desastrosa gestión en su anterior gobierno. El APRA y Alan García hacen intentos denodados de mostrar que son responsables y prudentes, alejándose de acciones radicales o controversiales. Sin embargo, la prudencia parece sólo perpetuar un statu quo difícil de sostener ante el descontento social.

En una acción importante, el Ejecutivo acaba de transferir a los gobiernos regionales y municipales un monto importante de recursos ( más de 4,000 millones de soles), con lo que tratar de pasar la pluma a los propios gobiernos regionales que deben garantizar ejecución a favor de sus ciudadanos. Desactivará esto los conflictos en ciernes?  No es seguro, pues la frustración cotidiana y callejera no verá en el corto plazo ningún cambio. 

Las movilizaciones se vienen. Cómo actuará el Estado, esta es otra gran preocupación. Si bien la mesura con la que se actuó con el tema de un polémico desalojo en el futuro mercado central de Lima  (caso Mercado de Santa Anita) evitó víctimas y violencia, para el caso de protestas regionales o sectoriales, donde las cámaras de televisión no están presentes por la lejanía, la dinámica parece ser otra.

¿Sé esta gestando en Perú las condiciones para una  Colombianización (fórmula que junta, políticos, militares, empresarios y  paramilitarismo) de la acción represiva del Estado frente a las protestas?.  Esta es una expresión excesiva?. Los datos que han ido proporcionando las investigaciones de un diario peruano (La República) sobre acciones de seguimiento y reglaje de Ongs ambientalistas en el caso de Cajamarca donde opera la empresa minera transnacional Newmont (Minera Yanacocha primer productor de oro del Perú) y los siguientes descubrimientos de venta de información de los cuerpos de inteligencia de las fuerzas armadas (la Marina) hacía  empresas de seguridad privadas que brindan servicios a transnacionales mineras y petroleras, hablan de un esquema muy parecido al escándalo de la “parapolítica” que remece hoy día Colombia y que ha llevado a una decena de parlamentarios a la cárcel por sus vínculos probados con esos cuerpos militares irregulares, con los que también colaboraba y coordinaba el ejercito Colombiano.

El caso flagrante del seguimiento (filmaciones, intervención de teléfonos, reglaje) y hostilización (amenazas de muerte) al padre Marco Arana, Director de la ONG GRUFIDES en Cajamarca, no han dejado dudas sobre el accionar que las empresas de seguridad privada (la mayoría dirigida por ex militares) están jugando hoy en día en la acción represiva contra posibles detractores de una explotación minera no responsable.

El Ministerio de Defensa ha tenido que responder con una norma que prohíbe que militares en actividad trabajen también en estas empresas privadas y que se negocie con información de inteligencia militar.

La República, en un último destape, ha identificado a la persona que ha proporcionado esta información a la prensa(3).  Este personaje ha informado que en verdad hay “muchos Padres Arana” siendo vigilados y que la lista incluiría también a políticos y dirigentes sociales.  Pareciera que el estilo que Fujimori y Montesinos le imprimieron a los cuerpos de inteligencia esta vivito y coleando, ahora combinado con la explosiva formula: Cuerpos de inteligencia + Empresas privadas de seguridad + empresas privadas.

Hemos recabado información directa en la costa norte, donde se refiere  que una empresa agro exportadora habría contratado delincuentes para amedrentar a trabajadores que han expresado su malestar por las duras condiciones de trabajo en la empresa.¿ Esto es algo que se extenderá? ¿ El Estado y las autoridades que piensan sobre el asunto?

Las demandas sociales son complejas y exceden evidentemente el tema laboral, sin embargo, la promoción de Trabajo Decente ha probado que tiene un impacto positivo en la lucha  contra la pobreza y la desigualdad social.  El diálogo social es un componente central de la propuesta de Trabajo Decente. Si el Gobierno criminaliza las protestas, acusando a todos como agitadores y desestabilizadores de la democracia, si utiliza los cuerpos de inteligencia para fines ilegales, y se alía  con empresarios y cuerpos privados de seguridad para enfrentar a “los agitadores”, estarán ante un cóctel explosivo. La aparición de ejércitos privados no tardará en aparecer. Miremos a Colombia y reflexionemos.

1 Diario la República, 23 de mayo del 2007

2 La Ministra de Trabajo, Susana Pinilla y el Ministro de la Producción, Rafael Rey invocaron  a los empresario a incrementar los salarios de sus trabajadores.. Información aparecida el 22 de mayo en el diario Gestión.

3 Ver La República, edición del 13 de junio del 2007.